Las libertades fundamentales exigen su defensa
ROMA, domingo 15 de marzo de 2009 (ZENIT.org).- Conseguir que se protejan los derechos humanos sigue siendo un espinoso problema, como demuestran los últimos acontecimientos.
El 4 de marzo, el Tribunal Penal Internacional hacía pública una orden detención del presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir.
Se acusa al líder sudanés de ser el responsable del asesinato en los últimos años de decenas de miles de personas en la región de Darfur.
Según un artículo en el Washington Post el 5 de marzo, Bashir reaccionó a la medida expulsando a muchas organizaciones de ayuda extranjeras que proporcionaban asistencia a los refugiados en Darfur, que suman más de un millón.
En el otro lado, en Canadá, los tribunales de derechos humanos están desbocados. Margaret Wente, una columnista del periódico canadiense Globe and Mail, describía, en un artículo el 3 de marzo, los apuros de John Fulton, propietario de un gimnasio en St. Catharines, Ontario.
Fulton, que tiene un gimnasio sólo para mujeres, se enfrenta a un gran gasto legal para enfrentarse a una demanda ante la Comisión de Derechos Humanos de Ontario por haber rechazado como miembro a un hombre que es un "transexual pre-operatorio".
Wente explicaba que, mientras que la gente que plantea estas demandas tienen financiados los gastos por el estado, quienes tienen que defenderse se enfrentan a costes de más de 100.000 dólares.
Este no es ni mucho menos un caso aislado, observaba Wente, y repetidos casos de este tipo de frívolas demandas están imponiendo una dura carga a los negocios canadienses.
Entre tanto, en Australia, el gobierno federal nombró el año pasado un comité para investigar si el país necesita una carta de derechos. El presidente del comité, el padre jesuita Frank Brennan, advertía recientemente de un "fervor evangélico" por una ley de derechos en la comunidad legal, informaba en un artículo el periódico Australian el 27 de febrero.
El padre Brennan declaraba que no había evidencias claras de que las dos cartas que ya existen, en Victoria y en Territorio de la Capital Australiana, hayan hecho algo para mejorar la protección de los derechos.
Según el artículo, advertía que el modelo victoriano era un "mecanismo para poner en práctica una agenda ligeramente izquierdista - un mecanismo que se dejará de lado o se malinterpretará siempre que los derechos articulados no cumplan con esta agenda".
Informe del Departamento de Estado
El 25 de febrero el Departamento de Estados de Estados Unidos publicaba su Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos 2008. El Departamento somete anualmente el informe al Congreso de Estados Unidos y proporciona una visión de los derechos humanos en el mundo.
En cuanto a Sudán, que ha aparecido en los titulares con la orden de detención contra el presidente del país, el informe comentaba que el conflicto en Darfur entraba en su quinto año en el 2008 y, según los datos de Naciones Unidas, el conflicto ha desplazado a cerca de 3 millones de personas.
Según el Departamento de Estado, durante años las fuerzas del gobierno han bombardeado aldeas, asesinado a personas, y colaborado con las milicias para atacar aldeas. Además el gobierno ha puesto obstáculos sistemáticamente a los esfuerzos humanitarios.
Zimbabue fue otro de los países señalados por el informe. Califica al gobierno de "ilegítimo" y lo acusa de "abuso sistemático de los derechos humanos"
"El gobierno y los grupos de militantes tuvieron como objetivos la sociedad civil y las organizaciones humanitarias por sus esfuerzos por proteger los derechos de los ciudadanos y por proporcionar asistencia humanitaria para salvar vidas", declaraba el informe.
El Departamento de Estado también acusó al régimen del presidente Robert Mugabe de manipular el proceso político a través de la violencia, la corrupción y el fraude en las votaciones.
En Asia, el expediente de derechos humanos de China "sigue siendo pobre y ha empeorado en algunas áreas", según el informe. La lista de abusos recogidos en el informe era larga: limitaciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa; asesinatos y torturas extrajudiciales; confesiones forzadas de prisioneros; y el uso del trabajo forzado.
El Departamento de Estado también acusaba al gobierno chino de un incremento en las detenciones y en el acoso a los disidentes, a quienes demandan y defienden los derechos humanos, y a los abogados defensores.
De hecho, en el 2008, que se supuso que sería un escaparate para el gobierno con las Olimpiadas de Pekín, el expediente de derechos humanos de China ha sido peor, especialmente cuando se ha tratado de la represión de minorías étnicas en la región autónoma de Xinjiang Uighur y en el Tíbet.
El gobierno de Vietnam también recibe críticas. El informe comentaba que se han impuesto restricciones a la actividad política y los grupos opositores tienen poca libertad. Los individuos son detenidos arbitrariamente y no existe el derecho a un juicio justo.
Además, las autoridades siguen limitando la libertad de expresión, tanto a los individuos como a la prensa. Las organizaciones independientes de derechos humanos están prohibidas y el gobierno limita los derechos laborales.
Terreno perdido
Volviendo a Europa, el Departamento de Estado observaba que en algunos países ex soviéticos, las anteriores conquistas en derechos humanos y democracia han empezado a perderse, o han seguido deslizándose hacia el autoritarismo.
En concreto, el informe indicaba que durante el conflicto del pasado agosto, que comenzó en el enclave separatista georgiana de Osetia del Sur, las operaciones militares de las fuerzas georgianas y rusas implicaron el uso de una fuerza indiscriminada que dio como resultado víctimas civiles.
En muchos países de esta región, continuaba el informe, los gobiernos todavía impiden la libertad de prensa. En Rusia, por ejemplo, durante el 2008 algunos periodistas fueron asesinados o atacados con brutalidad. Y en Bielorrusia, el presidente Lukashenko firmó una nueva ley de prensa que podría restringir aún más la libertad de prensa.
En cuanto a Oriente Medio, el Departamento de Estado declaraba que, en Egipto, ha habido un retroceso en el respeto por las libertades de expresión, prensa, asociación y religión durante el año pasado.
En Irán, el informe acusaba al gobierno de intensificar su campaña de intimidación contra los reformistas, académicos, periodistas y disidentes, por medio de las detenciones, la tortura y los juicios secretos.
En cuanto a las Américas, el Departamento de Estado observaba un aumento de la supresión de la libertad de expresión y de reunión en Cuba. Según el informe, su gobierno también ha incrementado su uso de breves detenciones y puestas en libertad sin cargos para intimidar a los activistas.
También se mencionaba a Venezuela, y el informe observaba que, durante el año pasado, la Asamblea Nacional aprobó 26 leyes que reduciendo el alcance de la autoridad de los funcionarios elegidos y promoviendo la centralización del poder.
El informe comentaba además que el gobierno ha atraído las críticas internacionales al haber declarado no elegibles para las elecciones municipales y gobernativas a 272 candidatos. La mayoría de los eliminados eran candidatos de la oposición.
Junto a esto ha habido numerosas amenazas a la libertad de expresión en Venezuela. Los funcionarios del gobierno, indicaba el informe, han acosado e intimidado en público a los medios y a los periodistas independientes desde los medios propiedad del estado.
Derechos religiosos
El respeto a los derechos humanos también incluye proteger la libertad religiosa, como precisaba el 4 de marzo un comunicado de prensa de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).
La OSCE acaba de tener una reunión sobre el tema de la intolerancia y la discriminación contra los cristianos, el primer encuentro de la OSCE centrado de modo específico sobre este tema.
"Lo que ha quedado claro en este encuentro es que la intolerancia y la discriminación contra los cristianos se manifiesta de diversas formas en el área de la OSCE", afirmaba el embajador Janez Lenarcic, director de la Oficina de la OSCE para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, que organizaba el encuentro.
Los participantes también destacaron la inadecuada presentación de la identidad y valores cristianos en los medios y en el discurso político, lo que lleva a malentendidos y prejuicios, explicaba el comunicado de prensa.
Han pasado sólo 60 años desde que, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU adoptara la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, como ahora, sigue siendo una tarea urgente la necesidad de proteger las libertades básicas.
Por el padre John Flynn, L. C., traducción de Justo Amado
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